En El Salvador la política criminal económica ha desempeñado un rol fundamental el cual, ha sido de suma importancia, en cuanto a la prevención y represión delictiva de todas las personas que cuenten con las características para realizar o cometer delitos de índole económica. Por lo tanto, se debieron adoptar respuestas para enfrentar conductas consideradas reprochables o
causantes de un perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción, esto desde la perspectiva de que los delitos económicos o socioeconómicos, han generado un efecto negativo de
manera colectiva en la población de una región determinada.
Por esta misma razón, la política criminal económica, debió estar ajustada a condiciones legales, así como también el adaptarse a los diferentes cambios sociales que se han dado con el paso del tiempo y la evolución o nuevas tendencias de delinquir de las personas, a su vez que cumplan con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos económicos y mantener el control de la criminalidad en el ámbito socioeconómico, bajo la garantía de la protección de los derechos que cada uno de los ciudadanos de un Estado poseen; si bien existió una gran cantidad de delitos que han causado una grave afección social, entre los delitos de mayor complejidad se encuentran los delitos socioeconómicos, dentro los cuales se encontró: El lavado de dinero, evasión fiscal, el
peculado, entre otros.
En la República de El Salvador, han existido casos muy sonados de delitos económicos, entre los cuales se encuentran casos de delito de peculado, en los que se han visto inmersos diferentes servidores y funcionarios públicos, como ex presidentes, diputados, alcaldes, entre otros, por tal razón el Estado se ha visto en la necesidad de crear una política criminal económica y normas que prevengan este tipo de delitos, realizando un estudio previo en la sociedad, analizando las nuevas tendencias de delinquir de las personas que cumplen con las características para realizar este tipo de delitos, y así brindar un diagnóstico para fundamentar la elaboración de una política criminal económica que sea efectiva y aplicable para combatir este tipo de delito, ha afectado de manera supraindividual, en razón que el cometimiento de este tipo de delito, el cual consiste en la desviación de fondo públicos de las arcas del Estado, no afecta directamente a un bien protegido individual sino colectivo disperso.